Por João Pedro Stedile, Brasil de Fato, 2 de agosto de 2016
“A lo largo del mes tendremos muchas movilizaciones en todo el país. Y el movimiento sindical y popular está discutiendo el llamado a una huelga general para demostrar a la burguesa que ellos podrán tomar al gobierno por asalto, pero si la clase no trabaja y no produce no habrá bienes ni mercaderías en las sociedad”.
Parece que el destino de Brasil está marcado por el mes de agosto. Tuvimos la crisis y suicidio del presidente Getulio Vargas, en la década de 1950. Después, en la década de 1960, la renuncia de Jânio Quadros y la crisis de la legalidad.
Ahora, la historia se repite como farsa: el Supremo Tribunal Federa (STF) marcó para los dias 29 de agosto el inicio de la votación final sobre la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, electa de forma legitima y democrática por 55% de los electores brasileños (54 millones de votos).
Los golpistas:
Las demostraciones del gobierno golpista sobre su verdadera naturaleza ya son conocidas y continuaron surgiendo a lo largo del mes de julio. Además de antidemocrático, su verdadero objetivo es implementar, de forma rápida, y a hierro y fuego, un plan neoliberal que sólo atiende a los intereses del gran capital financiero y de las corporaciones internacionales.
En julio, el presidente interino siguió prometiendo al capital que, apenas se consolide el golpe, va a implementar una reforma laboral, para destruir la CLT [Consolidación de las Leyes Laborales], y retirar los derechos que los trabajadores conquistaron a lo largo del siglo XX. E incluso, pretende alterar la jornada de trabajo, que en todo el mundo fue reduciéndose.
En Europa, varios países ya adoptaron jornadas de 6 horas, pero aqui, la sedienta burguesia tuvo el descaro de hablar de 80 horas semanales. Una jornada mayor que las practicadas en tiempos de eclavitud.
También siguen las amenazas de realizar cambios en la Previsión Social para aumentar la edad mínima de jubilación, unificando hombre y mujeres, y retirando la referencia en el salario mínimo.
Y la última amenaza fue el acuerdo entre el presidente golpista y el bloque ruralista, con el compromiso de aprovar el Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) 215, que transfiere para el Congreso la prerrogativa de normatizar las tierras indigenas. Y así, el agronegocio puede continuar con la tenencia irregular de las áreas indigenas que desean, asegurando la hegemonía de los ruralistas en le Congreso.
En ese mismo acuerdo, ellos se comprometieron a legalizar la venta de tierras al capital extranjero. Hoy, se permite la venta de hasta mil hectáreas y se prohibe que ellas este localizadas en áreas de 100 km próximas a la frontera. Ellos quieren liberar todo, cualquier empresa extrajera podría comprar cualquier cantidad de tierras. Todo eso comandado por el ministro golpista de Agricultura, Sr. Blairo Maggi, uno de los mayores propietarios de tierras de Brasil.
La ganancia de los golpistas es insaciable. Pero ellos ignoran que en este mundo todo tiene sus contradicciones. Y ellas surgirán brevemente.
