Problemas legales y sociales
Las empresas tienen derecho ahora no solo a patentar semillas, sino incluso genes dentro de las semillas. Por ejemplo, digamos que yo planto maíz orgánico, y algún vecino engolosinado con promesas de riqueza planta cerca un maíz transgénico. Al año siguiente, yo planto nuevamente mi maicito, que por fuera se ve igualito… y de repente vienen unos agentes que me acusan de haber robado los genes de una empresa.
¿Qué sucedió? Pues que al cruzarse ambos tipos de maíz, el mío se contaminó con algunos genes del maíz del vecino, y estos genes pertenecen a la empresa. Aunque la planta y la semilla son mías, desde el punto de vista legal yo he “robado” a la empresa. Y me llevan a juicio.
Este caso alucinante le sucedió al productor y fitomejorador de colza Percy Schneider en Canadá, y les sucede cada año a miles de productores en Estados Unidos. Percy tuvo relativa suerte: no perdió todo lo que tenía, aunque tuvo que aguantar diez años de juicios y hoy el gobierno canadiense “recomienda” a sus agricultores no guardar semilla. Los productores estadounidenses llegan a acuerdos secretos con las empresas, por lo que no se sabe exactamente lo que les pasa. Monsanto tiene un presupuesto de varios millones de dólares para llevar a esos agricultores a juicio, cada año.
Otro caso espectacular fue el de Indonesia, en 2001, cuando el gobierno convenció a campesinos que se embarquen en un crédito para la adquisición de semilla de algodón transgénico de Monsanto, junto con el paquete químico asociado. La compañía prometió rendimientos de 3 a 4 toneladas por hectárea, razón por la cual muchos campesinos se embarcaron en el crédito, a pesar de que el costo de este paquete era 16 veces mayor al de la semilla local.
Pero el rendimiento real fue en promedio de solo 1,1 toneladas por hectárea, y el 76% de los campesinos no pudieron pagar el crédito, lo que llevó a protestas y al cierre de la operación por parte de Monsanto en el país en 2003, acusando al gobierno del desastre.
En 2005, el Departamento de Justicia de los EEUU condenó a Monsanto al pago de 1.5 millones de dólares, cuando se demostró que había practicado el soborno para obtener los permisos necesarios para su operación en Indonesia (17).
En septiembre de 2015 la organización FECAOL denunció la presencia de soya transgénica cultivada en Ecuador, a pesar de la expresa prohibición constitucional a su cultivo. Esto provocó un nuevo despertar de la sociedad civil, como se expresó en esta marcha del 16 de octubre en la ciudad de Guayaquil. Fotos: Stephen Sherwood
Conclusión
En la naturaleza los cambios genéticos se dan evolutivamente: el ambiente cambia, y las plantas se adaptan, buscando siempre las mejores condiciones para aprovechar los recursos que encuentran en su entorno;a esto se suma la intervención humana para adaptar lentamente las plantas a sus necesidades en el contexto ambiental de cada región. Pero los cambios realizados por la ingeniería genética no tienen relación alguna con el entorno, no representan adaptación a condiciones reales.
No son evolutivos. Y tampoco responden a los gustos y necesidades de los consumidores. La manipulación genética actual está fuera de control, beneficiando a un pequeño sector económico con costos enormes para el resto de la sociedad.
El Ecuador y el Perú deberían mantenerse libres de semillas transgénicas, como parte esencial de su estrategia de soberanía alimentaria, como salvaguarda de futuro desarrollo económico, y como refugio de biodiversidad para beneficio de la humanidad. El resto de países deberían seguir el ejemplo de Costa Rica, donde la ciudadanía ha ido liberando sus territorios de transgénicos.
Los estudios para desarrollar medicinas y otros compuestos con biotecnología deben ser analizados con extremo cuidado, y no deben ser liberados sin antes haber sido correctamente analizados por la comunidad científica. Los alimentos que contengan transgénicos deben ser etiquetados como tales, para que la población pueda elegir entre ellos y alternativas más saludables, en sana democracia de mercado. Pero sobre todo, como sociedad debemos invertir en tecnologías menos costosas, más seguras y más soberanas, que ayudarán a nuestros pueblos a levantarse económicamente de forma sostenible en armonía con el ambiente.
