Por Alianza Nacional para la Protección de la Biodiversidad, julio de 2014
A la opinión pública nacional e internacional hacemos saber que rechazamos la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, Decreto 19-2014 (Ley Monsanto), por las siguientes razones:
Esta Ley es inconstitucional porque viola los derechos de los pueblos, ante la falta de consulta a los pueblos indígenas establecida en el Convenio 169 de la OIT, que tiene rango Constitucional.
Responde a los intereses de la clase empresarial neoliberal, beneficiaria de las empresas transnacionales de semillas tales como MONSANTO, DUWEST, DUPONT, SYNGENTA, BAYER, etc., con la permisibilidad del Gobierno de Guatemala, a través del Presidente de la República, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Congreso de la República.
Concede las patentes a personas individuales o jurídicas nacionales e internacionales, de cualquier país miembro del convenio UPOV, las cuales podrán apropiarse del patrimonio genético tangible e intangible del país, lo que representa un ataque directo a los conocimientos ancestrales considerado patrimonio colectivo de los Pueblos, a la biodiversidad, a la vida, a la cultura, a la economía campesina, a la cosmovisión de los Pueblos, a la soberanía alimentaria, etc.
De acuerdo a esta ley los derechos de obtentor son prioritarios al derecho de los Pueblos al uso libre de las semillas que han heredado de las culturas ancestrales; amenazando con penas de cárcel a quienes utilicen semillas patentadas sin el permiso del dueño de la patente. Esto se suma a los constantes despojos de sus territorios, a la criminalización social, a la desvaloración de las especies nativas.
En el reglamento aparecerán 15 especies iniciales, y luego se extenderá a todos los géneros y especies, asunto que preocupa, porque pueden ser los principales alimentos de la población.
Se abre la puerta para la entrada de semillas transgénicas (Artículo 15), que amenazan con contaminar y extinguir las especies nativas como el maíz, del cual Guatemala es centro de origen; afectará también la salud de las personas y la economía campesina.
La emisión de esta Ley es uno de los compromisos asumidos por Guatemala al suscribir el Tratado de Libre Comercio entre Centro América, República Dominicana y Estados Unidos de América (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), al cual nos opusimos en su momento por ser una amenaza a la soberanía de los Pueblos.
