Del mismo tenor super-estructural es el rol asumido de gestores nacionales e internacionales de Monsanto, tanto del ejecutivo uruguayo como de la bancada parlamentaria frenteamplista. El gobierno frenteamplista es quien actúa abiertamente como lobby de Monsanto. Lo mismo ocurre con los burócratas de Itamaratí y sus gestiones pro-Monsanto en China. O con los parlamentarios “ruralistas” en presión permanente para que se aprueben las más absurdas bio-tecnologías de las corporaciones.
En las legislaciones nacionales o en la justicia no existe ninguna clase de trabas para la ampliación de los plantíos transgénicos. Ni para la fumigación aérea con plaguicidas que ya tiene sus víctimas conocidas. Mientras, es muy desigual la oposición social a toda esta peligrosa injerencia imperialista.
En Paraguay una provocación policial combinada a la creciente decepción popular con el gobierno de Lugo, permitió un golpe de los terratenientes en alianza con el imperialismo. Fue el cambio institucional más radical que obtuvo el agro-negocio en el enclave sojero. Las primeras decisiones del gobierno de Franco tuvieron como objetivo tranquilizar al agro-negocio y las corporaciones imperialistas.
Es importante también determinar los cambios en términos de mutación en el sistema represivo tanto respecto a las distintas policías como en el aspecto judicial.
Ese éxodo rural hacia las ciudades, acentuado por el agro-negocio crea en ellas dificultades en la sustentabilidad habitacional y de servicios públicos. Y como la prioridad no es el mejoramiento del hábitat ciudadano, la forma de controlar el descontento es la represión. Por más gobiernos autodefinidos como “progresistas”, en los cinco países sudamericanos del enclave sojero ha aumentado la represión urbana, además de la rural. En Brasil el ejemplo más destacado es Rio de Janeiro donde en 10 años (entre 2001 y 2011) se contabilizaron 10 mil muertes de pobladores provocadas por la policía. Cifra que supera las muertes en algunos países en guerra/33.
En el Plan Nacional de Logística lanzado por Dilma Rousseff se incluyen las obras “necesarias” para alojar mega eventos deportivos (copa de las confederaciones -2013- campeonato mundial de futbol -2014- y Juegos olímpicos de 2016). Y está utilizando ese Plan para realizar una contra reforma urbana en las principales ciudades del país. La mayoría de los desplazamientos de pobladores favorecen una “limpieza” en zonas con comunidades conflictivas y abren espacio para la valorización territorial, funcional a la especulación inmobiliaria. En Rio el número de de afectados es cerca de las 30.000 personas.
De esta forma hay un desplazamiento de esos pobladores hacia zonas más lejanas de la ciudad, lo que representa una pérdida en términos de transporte, horas y gastos, para que dichos pobladores lleguen a los locales de trabajo” /34. En las favelas que tienen una interface mayor con los locales de los eventos, la ocupación militar a través de las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs), no van acompañadas de un avance en los servicios públicos y los derechos ciudadanos. No se trata entonces, de una reestructura que beneficia el deporte o la ciudadanía, sino centrada en grandes emprendimientos inmobiliarios. Se está agrediendo el capital social de muchas de esas comunidades: su capacidad de resistir el clientelismo político, los desplazamientos autoritarios, la violencia policial, e incluso al tráfico de drogas. Con esta contra-reforma urbana, a la vez de favorecer la especulación inmobiliaria, se está tratando de desmontar la organización comunitaria. Por eso en junio las movilizaciones en Rio fueron las más numerosas.
La represión policial tiene su correlato en términos judiciales: en las prisiones brasileñas se hacinan más de medio millón de detenidos, lo que ubica al país en el 4º lugar en el mundo por su población carcelaria, después de las “democracias” de EEUU, China y Rusia. También en Brasil la política estadounidense de penalidad punitiva contra los pobres encubierta en las ficciones de “tolerancia cero” y “lucha contra la droga” ha hecho desastres. Y está implícita en los cambios socio-económicos necesarios al extractivismo imperialista de recursos naturales.
