En abril de 2012, la maestra Silvia Nobelasco fue fumigada por un ‘mosquito’ (drone) que aplicaba agrotóxicos a 35 pasos de la Escuela 30 de Rolón (Río Negro) donde ella ejercía su profesión y actuaba como directora. Sobre las ocho de la noche se asomó y vio las máquinas cosechadoras y un ‘mosquito’ que abría sus ‘alas’. Aunque se acercó al operario para hacerle notar que la máquina estaba muy cerca de la escuela, y no a los 500 metros de distancia mínima que debían mantener, fue rociada con agroquímicos. Al día siguiente se despertó con picazón “de la cabeza a los pies” y ahogo por haber aspirado ese rocío compuesto por “glifosato, Amina 2-3 y Banwed”, detalló.
Enseguida realizó la denuncia ante el Juzgado en lo penal y en lo civil de Young y también ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) -cuyos inspectores determinaron que el maquinista cometió irregularidades en el procedimiento. También hizo la denuncia al Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Trabajo (MTSS). La picazón y el dolor de cabeza le duraron tres meses y, todavía hoy, en la Escuela 33 rural de Punta de Averías -, donde trabaja actualmente, “siento el olor a los agrotóxicos y se me cierra el pecho”. Silvia le ganó el juicio a la empresa Agronegocios del Plata (ADP) que deberá pagar una indemnización de 6.800 dólares, aunque remarca que: “Mi intención no era el dinero, sino sentar un precedente, para que la gente se anime y denuncie” /26.
El fallo sienta sí un precedente, como en el caso de las “Madres de Ituzaingó” en Argentina, pero la responsabilidad se adjudica al último eslabón de la cadena, cuando existen responsables directos en los múltiples órganos estatales implicados (todos los ministerios donde la maestra Silvia Nobelasco realizó la denuncia) y en especial la responsabilidad principal recae sobre el ejecutivo del gobierno frenteamplista, y sus aliados: las corporaciones imperialistas de los transgénicos y agro-tóxicos.
Los 800 productos alimenticios que contienen transgénicos y se comercializan en el país, no tienen obligación de informarlo en las etiquetas de sus envases. Las empresas prefieren que sea así porque son conscientes de los daños que implica la ingestión de productos con transgénicos y de ese modo se confunden con los productos orgánicos.
Los extensos plantíos de granos de genética modificada ya afectaron la calidad de la miel uruguaya. Uruguay posee alrededor de 3.000 pequeños productores apícolas que explotan cerca de 400 mil colmenas, la mayoría en la zona sur del país. En 2009 las colmenas uruguayas fueron afectadas por el insecticida fipronil usado para combatir la explosión de densas poblaciones de langostas generadas en las grandes superficies con monocultivos.
También estos monocultivos de granos genéticamente modificados, serían la causa del rastro transgénico que los inspectores de los organismos sanitarios europeos detectaron en la miel uruguaya. Como consecuencia la miel uruguaya perdió el estatus de producto natural en Europa y se calcula que varios millones de dólares se evaporaron en las ventas de los siguientes años. Hace pocas semanas el ministro Tabaré Aguerre señaló como un gran avance, la información previa por internet de los planes de fumigación de la agroindustria para que los propietarios de colmenas puedan poner a buen recaudo sus enjambres /27.
Respecto a la resistencia a esta invasión de las corporaciones transgénicas debemos hacer una primera aclaración: los sindicatos que en el siglo pasado protagonizaron grandes luchas y resistencias, en la actualidad frente a estos sectores que centralizan la ofensiva actual imperialista en Latino América, o tienen una total indiferencia o directamente colaboran con su accionar. Respecto al agro-negocio -las pasteras de celulosa UPM (Fray Bentos) y Montes del Plata (Conchillas -Colonia)- como a la minería a cielo abierto -Aratirí en Valentines- tanto el sindicato de la construcción (SUNCA) como el metalúrgico (UNTMRA) han actuado como “asociados”, para decirlo en forma elegante.
Hay que recordar que la expropiación de la tierra agropecuaria en Uruguay por la oligarquía terrateniente no es un hecho reciente. Se inicia en el siglo XIX durante la presidencia de Fructuoso Rivera y el grupo “los cinco hermanos” de Lucas Obes y sus cuatro cuñados, que fueron quienes desmontaron la reforma agraria artiguista y se completa en el mismo siglo. Y que no existe un amplio campesinado ni un numeroso sector de trabajadores rurales. Hay un destacado movimiento de cañeros en la frontera con Brasil (UTAA – Bella Unión) que levantó oportunamente la consigna de reforma agraria en las décadas del 60-70 y que hoy continúa luchando a pesar del aislamiento al que lo confina el gobierno del FA.
