“Gracias a la lucha de la población” se logró la anulación de un permiso de exploración en la comunidad norteña de Cantabria en febrero de 2014, contó a Tierramérica la activista Carmen González, de la Asamblea Contra el Fracking de Cantabria, integrada sobre todo por habitantes de zonas rurales de esa región.
Los detractores de la fractura hidráulica advierten sobre la contaminación de acuíferos por el uso de productos químicos, del peligro de fugas a la atmósfera de gas metano, con una capacidad como gas de efecto invernadero superior en 25 por ciento a la del dióxido de carbono, y del riesgo de movimientos sísmicos.
“Cada vez hay más informes negativos sobre el fracking”, alertó a Tierramérica el geólogo Julio Barea, portavoz de Greenpeace España, quien aseguró que en el país existe un “rechazo social y político absoluto” hacia esta técnica que “nadie quiere”.
El ministro de Industria y Energía, José Manuel Martínez Soria, respalda el desarrollo de la fractura hidráulica “siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones y requisitos generales”.
Hace 12 meses, 20 partidos políticos, incluido el principal de oposición, el Partido Socialista Obrero Español, firmaron en el parlamento el compromiso de prohibir el fracking cuando cambie el gobierno, por “su impacto ambiental de consecuencias irreversibles”.
Solo cuatro partidos de derecha y centro derecha, incluido el gobernante Partido Popular, promotor del desarrollo del gas no convencional, se abstuvieron de suscribir el compromiso.
